Sectores de la derecha pretenden torcer realidad de las guarimbas

Caracas, 10 Feb. AVN.- Sectores de la oposición, que promovieron los hechos de violencia en el primer semestre del año 2014, pretenden torcer la realidad y aparecer ante la opinión pública como las víctimas, denunció este martes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

"Esa matriz de opinión que ha surgido no favorece a quienes realmente se merecen que se les preste atención, que son las víctimas, estas 43 personas que perdieron la vida", dijo, en rueda de prensa ofrecida este martes en la sede del Ministerio Público, en Caracas, donde comenzó la ola de violencia hace un año, el 12 de febrero de 2014 y que se extendió por varias zonas del país por cuatro meses y medio.

La Fiscal Ortega reafirmó que el Estado venezolano viene actuando ajustado al debido proceso en la administración de justicia hacia los responsables del asesinato de las 43 personas (33 civiles y 10 funcionarios de cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) y de los 878 lesionados (600 civiles y 278 efectivos) en el primer semestre de 2014, tras los hechos terroristas perpetrados por sectores de la derecha para desestabilizar el país.

Durante la presentación de un balance del Ministerio Público, Ortega Díaz explicó que durante las acciones violentas fueron detenidas 3.351 personas, de las cuales 1.436 fueron sobreseídas, 1.402 acusadas, seis tuvieron archivo fiscal y 507 están en el proceso de investigación, y un total de 41 personas se encuentran privadas de libertad.

Al respecto, la Fiscal indicó que de las personas con medida privativa de libertad 27 son civiles (dos de los cuales son estudiantes) y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

"La actuación del Estado ha sido ajustada al debido proceso, al derecho, a la justicia, buscando siempre resarcir el daño que se haya ocasionado y verificando cuál ha sido el bien jurídico tutelado que ha sido vulnerado para el restablecimiento de esa situación, es decir, las sanciones, las responsabilidades de quienes aparezcan involucrados en estos hechos", dijo.

Estado garante de los DDHH

Asimismo, la Fiscal reiteró que Estado venezolano actúa para castigar a aquellas personas responsables de la violación de derechos humanos durante los actos violentos promovidos por la derecha.

Uno de los casos es del Bassil Alejandro Da Costa, quien perdió la vida de un disparo el 12 de febrero en las cercanías de la sede del Ministerio Público, punto donde se activaron las guarimbas en el 2014.

Por este caso, recalcó Ortega Diaz, ocho personas están acusadas. Todos eran funcionarios, algunos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros de la Policía Nacional Bolivariana y uno del Ejército.

Explicó que el comisario José Perdomo Camacho, del Sebin, fue quien recibió la acusación por el delito de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de autor, asociación para delinquir, uso indebido de la arma orgánica, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, ya que fue el proyectil accionado por Camacho el que el quitó la vida a Da Costa.

El resto de los funcionarios fueron acusados por los delitos de asociación para delinquir, uso indebido de la arma orgánica, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, por lo que recibieron medida cautelar sustitutiva de libertad.

Destacó que otro caso que ratifica el carácter garantista del Estado, es el del asesinato de José Alejandro Márquez, quien murió el 19 de febrero de 2014 en la avenida Urdaneta, en Caracas. Su caso estaba siendo investigado por un fiscal de delitos comunes y hace una semana el Ministerio Público decidió relevar el caso a un fiscal de derechos fundamentales.

Para esta medida, indicó Ortega Díaz, se realizaron una serie de investigaciones que contemplaron dos exhumaciones y 66 experticias técnicas, y adelantó que por esa razón se libraron recientemente dos órdenes de captura.

También está el caso de Geraldin Morenos Orozco, quien murió de un disparo el 22 de febrero de 2014. Por este hecho, están acusados dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana por el delito de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de la arma orgánica, trato cruel, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.

AVN 10/02/2015 10:52

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